El Gobierno de Page se persona en el Supremo contra 40.000 regantes de Castilla-La Mancha

El gobierno socialista de Emiliano García-Page, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ha personado ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para defenderse de un recurso presentado por los regantes de esa comunidad en contra del Real Decreto 35/23 de 24 de enero, que revisa todos los planes hidrológicos españoles. Una diligencia fechada el pasado 21 de abril da por personada a la Junta de García-Page en calidad de «recurrida» en contra de los 40.000 regantes de esa comunidad que han acudido al tribunal recurriendo el decreto. El caso es que el recurso va contra un Decreto Ley elaborado por el gobierno de Pedro Sánchez, pero la comunidad de García-Page se ha dado por aludida y eso les enfrentará directamente con sus conciudadanos en el Supremo.

Las comunidades de regantes afectadas en este caso por el río Guadiana al que se refiere el Real Decreto son Sierra de Altomira, con unos 3.000 regantes, Mancha Occidental (Tablas de Daimiel) con unos 11.000 usuarios y Rus-Valdelobos con otros 3.000. Pero en total, el nuevo plan afecta a unos 40.000 en toda Castilla-La Mancha. Lo más llamativo del caso es que la orden a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla-La Mancha para que se persone en el caso está firmada por el vicepresidente y ex consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, afectado -no investigado- por una querella interpuesta por los mismos regantes y cuyo destino todavía se dilucida en la Audiencia Nacional.

La fiscal que ayudó a frenar esta querella al PSOE de Castilla-La Mancha por presunta corrupción fue promocionada a la Fiscalía especial Anticorrupción por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de María Elena Lorente Pablo. Entró en ese destino, actualmente bajo la dirección del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el 10 de noviembre de 2006.

Fue nombrada por el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Todo ello, a su vez, tras avalar a María Elena Lorente el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que se mantuvo al frente de la Fiscalía del Estado durante toda la etapa de gobierno de Zapatero y que el pasado enero fue elegido presidente del Tribunal Constitucional.

Asimismo, el Tribunal Supremo aceptaba el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto interpuesto por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) de la masa de aguas subterráneas Rus-Valdelobos el pasado 29 de marzo y además solicitaba al ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera que remitiese «el expediente administrativo correspondiente a la citada disposición» al Alto Tribunal.

Querella

Este es el segundo frente legal que tiene abierto la Junta de Castilla-La Mancha contra sus agricultores. El primero es una querella que la Junta se empeña en dar por archivada sin esperar a la resolución del último recurso de apelación. Esta querella fue presentada contra varios cargos de la administración socialista castellano-manchega durante el mandato de José María Barreda, presidente del PSOE de Castilla-La Mancha y de la Junta cuando sucedieron los hechos, deja en evidencia que el gobierno castellano-manchego tuvo que legalizar 2.760 pozos clandestinos.

El argumento para legalizar estos pozos usado por la Junta entonces fue que ese agua era necesaria para lograr la recuperación medioambiental de las Tablas de Daimiel, pero la consecuencia fue que se sustrajeron 14,5 hectómetros de agua del acuífero 23 Mancha Occidental, con el consiguiente problema para los 3.000 regantes de la zona.

Ahora el Gobierno regional socialista ha logrado poner en su contra a todos los regantes, los afectados por la etapa de Barreda y los agricultores actuales con Emiliano García-Page. La cuestión es que el proceso pone a todas la partes en los tribunales penales, pero también los enfrenta en un Contencioso-Administrativo en el Supremo.

La juez María Tardón de la Audiencia Nacional rechazó en el primer momento esta querella de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CAUS) Rus-Valdelobos apoyándose en un informe de la Fiscalía Anticorrupción, pero fue recurrida en reforma y luego en apelación por los denunciantes. Entre los querellados, además de José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha cuando sucedieron los hechos hay otras 16 personas, como José Luis Martínez Guijarro, consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha entre 2005 y 2011 y actual vicepresidente de esa autonomía o la vicepresidenta regional entre 2008 y 2011, María Luisa Araujo, que es la actual presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda.

Las acusaciones contra ellos son las de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, fraude a la Administración, un delito continuado de fraude de subvenciones a Hacienda de la UE y a la Hacienda española, desobediencia a la autoridad judicial y malversación de caudales públicos en concurso con administración desleal.

Ese recurso, ya publicado por OKDIARIO, destaca que «no se puede obviar que con fines puramente políticos del Gobierno Regional electo de Castilla-La Mancha en ese período, en connivencia con los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, nombrados por el Gobierno central del mismo signo político, todo el volumen de agua adquirida en todas las ofertas públicas fue cedido íntegramente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la regularización de pozos ilegales a través del Centro de Intercambio gestionado por el Consorcio del Alto Guadiana (…) tratándose de captaciones realizadas después de la declaración provisional de sobreexplotación de 1987 y dentro del acuífero 23 Mancha Occidental, a través del Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana».

La querella cifraba el prejuicio para estos regantes en «31,5 millones de euros, así como la existencia de un fraude a los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Europeas con una posible malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos».